Para los expertos consultados, la proposición es un paso más hacia la liberalización del suelo rústico de Canarias. Pero a muchos de ellos no les sorprende. Víctor Jiménez Barrado es doctor en Geografía por la Universidad de Extremadura (UE) y actualmente es profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En 2017 publicó una investigación académica titulada Desregulación urbanística del suelo rústico en España. Cantabria y Extremadura como casos de estudio. Asevera que lo que ocurre en las Islas ha pasado en otras comunidades autónomas.

“Es una política que va muy acorde con las ideas neoliberales y que está en sintonía con lo que ellos entienden por el suelo rústico, un trastero en el que cabe todo, vacío de significado y de contenido, cuando es justo lo contrario. En él está el patrimonio natural y cultural de Canarias”, reflexiona Jiménez. Para el geógrafo, este discurso mezcla los conceptos de valor y precio. Por un lado, “a ojos urbanísticos”, el suelo rústico es el más barato. “Pero eso no quiere decir que no tenga un valor importante”, en especial en Canarias, una región con altos porcentajes de espacios protegidos.

En el último informe, el SIU señala que el Archipiélago tiene previsto construir 46,69 kilómetros cuadrados de áreas residenciales, según el planeamiento, pero solo ha ejecutado el 31,7%. De hecho, el documento precisa aún más y apunta que las Islas tan solo han desarrollado el 29,4% de las viviendas previstas de construcción, un total de 364.207. Dentro de la Comunidad Autónoma hay localidades que salen mejor paradas que otras. Por ejemplo: La Matanza de Acentejo (81,6%), Yaiza (75,4%) y San Miguel de Abona (69,4%) lideran la ejecución de los bienes inmuebles proyectados en sus respectivos planes generales de ordenación. Mientras que lugares como Ingenio (11,3%), Santa Cruz de Tenerife (10,6%), Santa Brígida (7,4%) y Teguise (3,7%) aún tienen mucho que recorrer.

La construcción de viviendas siempre irá detrás del crecimiento poblacional que estamos experimentando”, sugiere Villalba. “Los políticos están deseando construir más carreteras, más trenes, más urbanizaciones turísticas… Pero el problema es que las Islas no creen. La superficie no aumenta cada año. Es como si tuviéramos un coche muy deprisa en la carretera y, en vez de frenar, ampliáramos las vías y quitáramos los obstáculos para que no choque. Pero eso no puede ser. Hay que parar”.

En la misma línea argumenta María Ángeles Nieto, bióloga en Ecologistas en Acción. “Una cosa es que en La Palma se haya aprobado por necesidad [lo de construir en suelo rústico]. Pero que eso se extienda al resto de Canarias me parece una burrada”. La experta remarca que la pandemia de coronavirus y sucesivas crisis de suministros han revelado la dependencia externa del Archipiélago. Y que por eso es tan relevante “tener una reserva de suelo propia” para echar mano de ella en cuanto salte la voz de alarma. De lo contrario, tan solo serviría para la “especulación urbanística”.

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